Instalación de la comisión accidental para la protección de la Amazonía. Bogotá - 28 de octubre de 2026.
El 28 de octubre, en Bogotá, la Fundación Territorios en Común participó en la instalación de la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonía de la Cámara de Representantes. La integran 15 representantes de distintas bancadas, en su mayoría de departamentos amazónicos, y su creación contó con el impulso de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI-Colombia).
Según lo anunciado en la instalación, la comisión buscará promover leyes que respondan a las problemáticas de la región, hacer seguimiento y control político a las decisiones del Gobierno y fomentar la participación ciudadana.
La crisis de la Amazonía es también una crisis de gobernanza
La Amazonía representa cerca del 44 % del territorio nacional: 45,7 millones de hectáreas, en su mayoría cubiertas por bosques y habitadas principalmente por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Entre 1985 y 2024, la frontera agrícola en la región pasó de 1,8 a 4,6 millones de hectáreas y se perdieron 2,5 millones de hectáreas de bosque, según MapBiomas Colombia.
Por eso, proteger la Amazonía parte de reconocer que su gobernanza está en crisis. Donde la autoridad está ausente, o es impuesta desde afuera, los bosques se vuelven vulnerables; donde la gobernanza territorial legítima se fortalece, la conservación se vuelve duradera. La pregunta no es solo cómo proteger el bosque, sino quién tiene la autoridad, el conocimiento y la legitimidad para gobernarlo.
La Amazonía debe gobernarse desde adentro. Eso implica reconocer los sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas como autoridades públicas y articularse con ellos. Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) ya muestran ese camino: son el reconocimiento del Estado a las estructuras de gobierno propio dentro del ordenamiento político-administrativo, con autoridad en materia ambiental, política y administrativa, acceso a financiación pública e instrumentos propios como los planes de vida.
Qué debería impulsar la comisión
Celebramos que congresistas de distintas orillas se reúnan alrededor de la Amazonía. En ese marco, consideramos que esta comisión debería impulsar dos frentes:
Reconocer los sistemas de gobierno propio y articularse con ellos en su agenda legislativa y de control político.
Generar las condiciones fiscales que fortalezcan la consolidación de las ETI, empezando por la reglamentación pendiente de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) mediante la ley de competencias.
Por qué importa
La reforma constitucional al SGP (Acto Legislativo 03 de 2024) aumentará de forma progresiva, durante doce años a partir de enero de 2027, los recursos que la Nación transfiere a los territorios, del 26 % al 39,5 % de sus ingresos corrientes. Además, incluyó por primera vez a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la distribución de esos recursos.
La ley de competencias es la que debe definir cómo se reparten esos recursos y qué responsabilidades asume cada nivel del Estado. Para las ETI, el proyecto presentado significaría:
Acceder a recursos del SGP por sectores, más allá de la asignación que hoy reciben los resguardos.
Recibir de forma progresiva competencias que hoy ejercen departamentos y municipios.
El reconocimiento de competencias en sistemas propios de salud y educación.
Criterios de asignación que tengan en cuenta la pertinencia cultural y la dispersión geográfica, determinantes en la Amazonía.
Recursos garantizados para su funcionamiento.
Una condición: que los recursos alcancen
Avanzar en la autonomía exige también una discusión responsable sobre sostenibilidad fiscal. El SGP ya enfrenta un faltante de 29,4 billones de pesos entre lo que cuestan las competencias de los territorios y lo que realmente reciben, y la ley asignaría nuevas responsabilidades. El riesgo es formalizar ETI sin capacidad financiera para ejercer sus competencias. Por eso la discusión debe incluir la suficiencia de los recursos y fuentes complementarias de financiación. La discusión fiscal no debilita la autonomía indígena: es la que permite que las ETI sean sostenibles en el tiempo.
Más información sobre la instalación: La Silla Vacía, «Congresistas de gobierno y de oposición se unen para proteger la Amazonía».